MINISTERIO PÚBLICO - DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA

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FISCALÍA CONSIGUIÓ SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS POR 18 MESES PARA EL COMANDANTE GENERAL DE LA PNP.


Fiscalía consigue la suspensión de derechos por 18 meses del comandante general de la PNP (Arequipa, 12 de septiembre de 2025).- El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa consiguió la suspensión preventiva de derechos por el plazo de 18 meses del general PNP Víctor Zanabria Angulo, como comandante general de la Policía Nacional del Perú, al ser investigado por presuntos actos de corrupción. La medida fue solicitada por el fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, dentro de una investigación preparatoria por la presunta comisión de tres hechos: el primero por peculado doloso o alternativamente abuso de autoridad; el segundo, por colusión agravada o peculado doloso y el tercero por peculado doloso. Durante las audiencias, la fiscalía argumento que el imputado al ser nombrado como jefe de la Novena Macro Región Policial de Arequipa y titular de la Unidad Ejecutora 022 en noviembre del 2019 tenía entre sus funciones el control y supervisión de la ejecución presupuestaria, la disposición de acciones para la ejecución presupuestal, la evaluación del rendimiento operativo y como titular de la unidad ejecutora tenía la supervisión de los procesos de selección de contrataciones con el Estado, por tanto conocía y jurídicamente era responsable de lo que estaba sucediendo. Asimismo, los 18 meses conseguidos por el Ministerio Público se sustentaron en la complejidad del proceso, la diversidad de cargos imputados, la gravedad de los delitos y las etapas pendientes en el proceso como la investigación preparatoria, etapa intermedia y el eventual juicio oral. Según la investigación a cargo de la fiscal adjunta Mery Bellido Marroquín, los hechos habrían ocurrido cuando Zanabria se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Según las indagaciones, en 2020, el oficial habría obligado a suboficiales a realizar trabajos de albañilería y electricidad en instalaciones policiales. Los agentes afectados declararon que, si bien figuraban oficialmente en labores de patrullaje a pie, en realidad estaban asignados a tareas de construcción. En este caso, cabe resaltar que existen testigos protegidos.